La Comisión Europea ha plantado la semilla y ahora corresponde a los estados miembros hacerla germinar. Su presidenta, Ursula von der Leyen, desveló ayer ante la Eurocámara su propuesta para crear un fondo de recuperación poscoronavirus dotado con 750.000 millones, de los cuales 500.000 millones se otorgarían como ayudas directas (no como deuda) y los 250.000 millones restantes en préstamos. Este bazuca, bautizado como Next Generation EU y sin precedentes en la historia del bloque, acompaña a la propuesta para el nuevo presupuesto comunitario para 2021-2027, dotado con 1,1 billones frente a los 0,95 billlones del marco anterior, conformando el Plan Marshall que reclamaban países como España, Italia o Portugal y que Von der Leyen asumió como propio.
Sobre el papel, a España le corresponderían en conjunto unos 140.000 millones del fondo de recuperación: algo más de 77.000 millones en subvenciones y los 63.000 millones restantes en forma de créditos. Una cuantía nada desdeñable: más del 11% del PIB español en 2019, aunque el saldo neto sería muy inferior teniendo en cuenta las contribuciones que el Gobierno español tendría que hacer a los diferentes instrumentos. En cualquier caso, ayudaría al Estado a reducir sus necesidades de financiación en los mercados, que el Tesoro estimó recientemente en unos 130.000 millones netos. De hecho, los técnicos de Bruselas estiman que ayudaría a reducir unos 5 puntos porcentuales la deuda de los países más endeudados de aquí a 2024. España sería el segundo país más beneficiado del fondo por detrás de Italia, que podría acceder a 172.745 millones: casi 82.000 millones en transferencias y el resto en créditos.
El Gobierno acogió con cierta tibieza el anuncio del bazuca de Von der Leyen, que se financiará con emisiones de deuda a muy largo plazo (30 años), cristalizando así por fin el primer activo seguro común de la zona euro, pero no con títulos perpetuos como aspiraba el Ejecutivo. “El Gobierno español acoge positivamente el paquete financiero presentado por la Comisión Europea, que recoge muchas de las demandas que se han planteado desde España”, aseguró Moncloa tras conocer las grandes líneas de la iniciativa; sin embargo, dejó entrever que no renuncia a lograr más, al enfatizar que “es una base para la negociación” o, como dijo más tarde la vicepresidenta Calviño, “va en la buena dirección”. España aspiraba a lograr un fondo de 1,5 billones en ayudas directas y financiado con deuda perpetua; es decir, a fondo perdido, una pretensión con muy pocos visos de prosperar.
La propuesta también se queda lejos de los 2 billones de euros que reclamaba el Parlamento Europeo, que hace poco más de una semana amenazaba incluso con utilizar su poder de veto a los presupuestos si la respuesta final de la UE no le resulta satisfactoria, e incluso del billón o billón y medio que, según los expertos del Banco de España, serían precisos para absorber el virulento impacto del coronavirus sobre la economía de la región. Aunque no hay que olvidar que al fondo que propone Von der Leyen se suman los recursos de la triple red de seguridad pactada ya por la UE, que añade otros 540.000 millones de euros en créditos a través del Mede, el fondo para los ERTE o el BEI.
Condicionalidad
Que dos tercios del fondo se vayan a distribuir en forma de subvenciones no implica que no exista condicionalidad para recibirlos. De hecho, la premisa de esta ayuda es que irá destinada a las inversiones y reformas estructurales que necesitan las economías para superar los destrozos de la pandemia y contener la brecha respecto a los países más ricos y/o menos afectados, planes que los Estados deberán someter al escrutinio de Bruselas, como de hecho se viene haciendo ya con los presupuestos y los programas de estabilidad.
En este contexto, no hay que olvidar que la reforma laboral de 2012, que PSOE y Podemos están obcecados en derogar, fue una exigencia de Bruselas, que ahora no vería con buenos ojos una posible marcha atrás de un instrumento que ayudó a dejar atrás la crisis y que fue alabado por los principales organismos internacionales, como la OCDE y el FMI, además de la propia Comisión, cuyo vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, advirtió ayer a España de lo importante que es “que no haya marcha atrás en las reformas implementadas”.
En cualquier caso, la mayor o menor condicionalidad será fruto de la negociación que se abre ahora entre los socios europeos y que se augura larga y procelosa.
El principal escollo no será tanto el montante que plantea Bruselas, que en lo que se refiere a las ayudas directas parte de la propuesta de Alemania y Francia, sino precisamente de la condicionalidad de las ayudas. Aunque la Comisión ha incluido un paquete de 250.000 millones de euros habrá que ver si es suficiente para contentar al resto de halcones del norte, Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, que siempre han defendido que la mayor parte, si no toda, se otorgue en forma de préstamos y, además, con una clara (y dura) condicionalidad macro y fiscal. La canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país el próximo 1 de julio asumirá la presidencia de la UE, aseguró ayer que “nos esforzaremos para que haya un acuerdo por unanimidad” durante ese mandato, mientras que el presidente galo, Emmanuel Macron, reclamó un acuerdo “rápido y ambicioso”. Para Bruselas “es el momento de Europa”, al menos el momento en que se juega su futuro.
Editorial / Página 2