Los planes de reformas que envíen los gobiernos para acceder a los fondos europeos de recuperación estarán sometidos al examen de la Comisión Europea y también del resto de países, que podrán pedir modificaciones e incluso rechazarlos si consideran que no cumplen con las recomendaciones y prioridades comunitarias.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicaron ayer en una rueda de prensa cómo funcionará el principal instrumento del fondo que ha propuesto Bruselas.
Dombrovskis señaló que, aunque la decisión final dependerá de Bruselas, los países podrán examinar la “consistencia horizontal” de los planes nacionales. “Al final, será la Comisión quien tomará la decisión de aprobar (o no) los planes, pero los Estados miembros tendrán que estar de acuerdo o rechazar el plan antes de que la Comisión pueda avanzar”, dijo.
El Fondo para la Resiliencia y la Recuperación (RRF) ofrecerá 560.000 millones de euros a los Estados miembros entre 2021 y 2024. La mayoría, 310.000 millones irán en forma de subsidios y el resto (250.000 millones) serán préstamos que los países tendrán que devolver. En cualquier caso, el acceso será “voluntario”, pero Bruselas aboga por desplegar “al menos” el 60% de la parte de transferencias en los dos primeros años (antes de que finalice 2022) y el resto para el final de 2024.
A España le corresponden 66.600 millones de la parte de transferencias y unos 56.000 millones en préstamos. Es decir, la mayor parte de los 77.000 millones en subvenciones a fondo perdido que recibiría con cargo a todo el fondo. Para llegar a esa cifra, habría que sumar también las nuevas dotaciones para cohesión y para el fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.
El proceso comenzará en abril de cada año, cuando los países trasladen a Bruselas un documento con los detalles de las reformas e inversiones que desean realizar con cargo a este fondo.
Los gobiernos también podrán enviar una versión preliminar en octubre del año anterior, junto con sus borradores presupuestarios.
Los Estados miembros tendrán que argumentar cada reforma y explicar por qué contribuirá a fortalecer el crecimiento económico, la creación de empleo o la cohesión social. También deberán especificar qué medidas estarán destinadas a contribuir a la transición climática y a la digitalización del país.
Los planes deberán detallar un calendario (hasta un periodo máximo de cuatro años, siete en el caso de las inversiones), objetivos intermedios que se utilizarán para desbloquear el desembolso de los distintos tramos y el coste estimado de cada reforma. La Comisión tendrá que responder a las solicitudes en un máximo de cuatro meses.
Para costear el reembolso de la deuda que se emitirá para financiar el fondo de recuperación, Bruselas plantea crear nuevos impuestos a nivel comunitario que podrían recaudar entre 33.300 y 42.300 millones de euros al año. Plantea un impuesto digital, una ampliación de la contribución del sistema de comercio de emisiones de carbono, una tasa al carbono en frontera, un impuesto a las grandes empresas que operan en la UE o una contribución sobre el plástico no reciclable.