El arranque de la histórica Cumbre Empresarial convocada por la patronal CEOE sobre la reconstrucción de la economía española tras la depresión pandémica tuvo un nítido tono reivindicativo. Los líderes empresariales pidieron al Gobierno que tenga en cuenta sus propuestas para facilitar la salida de la crisis: que no se derogue la reforma laboral, que no se suban los impuestos a las empresas en pleno desplome de la demanda y que se garantice la seguridad jurídica en nuestro país. Además, los representantes de los empresarios reafirmaron su plena disposición a llegar a grandes acuerdos con el Gobierno, los sindicatos y la oposición, anteponiendo el interés general a pesar de los numerosos desplantes y ataques recibidos del Ejecutivo desde que estalló la emergencia sanitaria por el coronavirus. Todo en aras de poder mantener el empleo existente y crear nuevos puestos de trabajo en los próximos meses. De ahí la importancia de que las demandas de las empresas sean escuchadas y tenidas en cuenta para los trabajos de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados.
Flexibilidad necesaria. Entre las demandas empresariales, sobresale su defensa cerrada de la reforma laboral de 2012, respecto a la que el Gobierno de PSOE y Podemos ha sostenido una peligrosa cacofonía en los últimos meses. La sensación de inseguridad jurídica que transmiten las declaraciones contradictorias de los diversos ministros, así como el execrable pacto con Bildu para derogar íntegramente la normativa vigente del mercado laboral, resultan muy preocupantes para los empresarios cuando están asumiendo considerables esfuerzos para mantener sus plantillas. Por eso, el presidente de Inditex, Pablo Isla, pidió al Ejecutivo no revertir las reformas eficaces “ni introducir rigideces negativas” para la generación de empleo con el fin de generar certidumbre a empresas e inversores. No conviene olvidar que, en una economía de mercado como la nuestra, quienes crean la mayoría de los puestos de trabajo son los empresarios y que el Gobierno debe crear el clima adecuado para ello, no querer suplir desde el Estado el papel de la iniciativa privada, como traslucen las declaraciones de varios ministros. Como recordó el presidente de Mercadona, Juan Roig, “si hay empresarios, hay empleo, riqueza y bienestar”.
Evitar el castigo fiscal. Otro elemento de preocupación para los empresarios son los planes gubernamentales para disparar la presión fiscal sobre compañías y patrimonios, justificados ante la opinión pública para más inri como una especie de justicia reparadora de supuestos privilegios. Nada más lejos de la realidad en un país que mantiene una de las fiscalidades más elevadas en la zona euro para las empresas, el ahorro y el empleo a través de las cotizaciones sociales. El afán recaudatorio del Gobierno tiene en su punto de mira al sector financiero desde el inicio de la legislatura. Una invectiva que rechazaron de plano ayer los primeros espadas de la banca española por las nocivas consecuencias que tendría en los flujos de financiación al tejido empresarial si se comprimen aún más sus ya exiguos márgenes en un entorno tan prolongado de bajos tipos de interés, crecientes exigencias regulatorias y debilidad del negocio bancario tradicional.
El valor de la certidumbre. También pidieron los empresarios acabar con la incertidumbre que ha caracterizado la gestión del Gobierno durante la crisis pandémica. Los cambios constantes de criterio y las rectificaciones no pueden repetirse en el diseño de la salida de la crisis. En este momento, eso pasa según los empresarios por asegurar que las condiciones excepcionales de los ERTE se van a mantener durante el tiempo que sea necesario ante la profundidad inédita de la depresión provocada por la pandemia, tal como están haciendo los gobiernos de otros países europeos, y que no sean objetivo de negociación cada poco tiempo con los agentes sociales. De lo contrario, será imposible recuperar la confianza de empresarios e inversores en las potencialidades de nuestro país como un destino rentable y atractivo.