Ajustes insalvables en una crisis más severa

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aprovechó su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para alertar del riesgo creciente de que la depresión pandémica provoque daños estructurales en la economía española. Lo que obligaría al Gobierno a poner en marcha medidas drásticas para contener el contagio recesivo. Precisamente para evitar ese escenario, el gobernador urgió que se mantengan por más tiempo los estímulos temporales como las condiciones extraordinarias de los ERTE y la financiación de emergencia para las empresas ante la evidencia de que la actividad productiva tardará más tiempo de lo inicialmente previsto en recuperar los niveles previos a la emergencia sanitaria. Algo que, a su vez, hace más acuciante si cabe la adopción de reformas estructurales que puedan dinamizar la economía y generar la confianza necesaria para que compañías, inversores y consumidores retomen sus planes previos a la pandemia. Unas medidas ambiciosas que se alejan bastante de las pergeñadas por el Ejecutivo socialcomunista, como reducir el desbocado gasto en pensiones a causa de las subidas populistas con la inflación aprobadas por los últimos gobiernos de PP y de PSOE y Podemos o suprimir bonificaciones fiscales como alternativa al inconveniente hachazo fiscal a empresas y patrimonios acordado por Sánchez e Iglesias. Ni las medidas expansivas del gasto público que fueron necesarias al inicio de la crisis vírica son sostenibles a medio y largo plazo ni los planes de la coalición gubernamental anteriores a la recesión serían viables en el contexto actual. Por ello, Hernández de Cos pidió que la reactivación llegue de reformas que aborden desequilibrios latentes como la baja productividad, el envejecimiento de la población o el excesivo nivel de deuda pública. Unas indicaciones que deberían ser el eje de la estrategia para la reconstrucción que apruebe el Congreso. No parece, empero, que pueda ser así cuando algunos grupos parlamentarios ya habían redactado antes de la comparecencia del gobernador su borrador de propuestas para someterlo a votación tras el final de las intervenciones en la Comisión. Algo que constata que, si bien el formato parlamentario parecía válido para que la oposición y expertos independientes realizasen aportaciones al plan anticrisis del Gobierno, el férreo control al que PSOE y Podemos han sometido los trabajos de la comisión han limitado su utilidad.