Desempleo juvenil y colaboración público-privada

La crisis económica provocada por la Covid-19 está teniendo profundos efectos negativos sobre el empleo y, en particular, el empleo juvenil. La paralización súbita de la actividad económica generada por la pandemia ha tenido dos impactos directos en el empleo juvenil. El primero es su efecto sobre los contratos temporales y en prácticas que se han rescindido o no se han renovado. Son un eslabón débil del empleo cuando la actividad económica se desacelera. La segunda es la paralización de nuevas contrataciones de nuevos graduados universitarios o de ciclos de formación profesional. El efecto de estos impactos durará hasta que no se reduzca sustancialmente la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y de la crisis.

Sin embargo, la precariedad del empleo juvenil en países como España o Italia es un problema antiguo. La pandemia global ha reforzado algunos factores que están en la raíz del problema, principalmente, la poca adecuación de los grados de formación profesional y grados universitarios a las necesidades reales de las empresas. Este problema es lo que se conoce con el concepto de brecha de competencias, skills gap, o distancia entre las competencias requeridas en el mundo empresarial y las que ofrece el sistema educativo.

Esta brecha es un problema en muchos países en los que no hay tradición de colaboración entre los centros educativos y las empresas, España entre ellos. Esta brecha se hace particularmente mayor en momentos de fuerte cambio tecnológico, fuerte automatización de los procesos productivos, altos ritmos de innovación y una desintegración de las cadenas de valor que empujan a las empresas a la especialización y a la mejora de la eficiencia. Aunque estos factores son comunes a la mayoría de economías avanzadas, España presenta una realidad diferencial preocupante: la baja adaptación de los niveles educativos a las necesidades profesionales y la insuficiente colaboración entre centros educativos y empresas conduce a una brecha de competencias mayor, que hace más difícil la creación sostenible de empleo juvenil.

El reciente informe del IESE Las competencias profesionales del futuro: Un plan de acción para el empleo juvenil en el mundo post-Covid-19 pone de manifiesto algunos aspectos de la crisis de empleo juvenil en España. El primero es que un 83% de las empresas encuestadas –118 grandes empresas de 15 sectores– tiene graves dificultades para cubrir los puestos de trabajo de jóvenes graduados debido a la falta de competencias profesionales de los candidatos. El drama de este dato es que no sólo tenemos un alto desempleo juvenil, sino que las empresas que desean contratar no encuentran candidatos con un perfil profesional adecuado.

El segundo dato llamativo del estudio es que el 70% de las empresas cubren sus puestos de trabajo con graduados universitarios, independientemente de si es necesario una formación universitaria para aquel puesto de trabajo. En otras palabras, el grado universitario ofrece a la empresa que contrata una mayor garantía de empleabilidad que un ciclo de formación profesional o un itinerario educativo alternativo. Esto refleja el escaso avance en la mejora de la formación profesional en España durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados. También pone de manifiesto el enorme gasto educativo que tiene para la sociedad alimentar un sistema universitario para fines profesionales que no le son propios. Esta situación también transmite un nivel de frustración de aquellos graduados universitarios que acaban desarrollando tareas profesionales para las que no se requiere la formación universitaria.

El tercer aspecto es que las empresas perciben que la brecha de competencias profesionales, si no se toman medidas adecuadas, crecerá en los próximos tres años. La razón es la aceleración de la transformación digital, y la automatización y robotización de procesos industriales y de servicios. Estos crearán nuevas oportunidades, para las que se necesita preparar a personas con las capacidades adecuadas, pero destruirán también puestos de trabajo tradicionales.

El panorama no es esperanzador, pero hay tres aspectos que es necesario considerar para afrontar estos retos con determinación. El primero es que otros países europeos sin profunda tradición de colaboración entre empresas y centros educativos –como Italia o Francia– están avanzando rápidamente en esta dirección. Por tanto, España también podría hacerlo. El segundo es que más del 90% de las empresas que participan en este estudio señalan que la colaboración entre centros educativos y empresas es esencial y posible, y muestran su disponibilidad para colaborar aún más en este reto enorme. El tercero es que la colaboración del gobierno con centros educativos y empresas puede mejorar notablemente y es esencial para afrontar el reto del empleo juvenil. Y hay también fondos disponibles para hacerlo y que en años pasados no se utilizaron de manera eficaz.

Luchar por el empleo juvenil es un enorme reto social. Al mismo tiempo, es uno de los grandes proyectos de futuro nuestro país. La experiencia muestra que no es fácil y afrontarlo exige una determinación enorme para buscar consensos amplios y fomentar la colaboración público-privada en los diagnósticos y los planes de acción. La dificultad de este momento exige actitudes generosas y magnánimas a todos, y poner el bien común y el bien de nuestros jóvenes por encima de intereses privados o partidistas.