Con el mediático pianista James Rhodes como telonero, interpretando el Himno de la Alegría, y flanqueado por banderas de España y la UE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificó ayer en la Moncloa a bombo, platillo y parafernalia tecnológica las líneas genéricas de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, que pivota esencialmente en torno a las ayudas europeas. Lo hizo mediante un formato inédito, y no solo por el desacostumbrado preámbulo musical, sino por el uso de pantallas de plasma para hacerlo acompañado, aunque virtualmente, por numerosos representantes de la sociedad civil, los agentes sociales y altos directivos empresariales. Entre ellos, Ana Botín, presidenta de Santander; José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex); Ignacio Galán (Ibedrola), Carlos Torres (BBVA); Florentino Pérez (ACS); Isidro Fainé (Fundación La Caixa); José Manuel Entrecanales (Acciona); Rafael del Pino (Ferrovial); Antonio Huertas (Mapfre); José Bogas, CEO de Endesa; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, o Gonzalo Sánchez, presidente de PwC.
Todos ellos conectados para conocer de primera mano el plan de Sánchez, que pasa esencialmente por movilizar 72.000 millones en los próximos tres años (2021-2023) para generar un crecimiento adicional del PIB de 2,5 puntos anuales y crear 800.000 puestos de trabajo. De esa cifra, el grueso, 59.000 millones, corresponderá a las subvenciones a fondo perdido de Bruselas y los 12.000 millones restantes al fondo ReactEU (ayudas adicionales de las que saldrá la prefinanciación de las ayudas). Unas cifras a las que el presidente añadió otros 79.000 millones provenientes de los fondos estructurales y de la Política Agraria Común (PAC), que España deberá recibir entre 2021 y 2027.
El Gobierno concentra así prácticamente todas las transferencias directas en el próximo trienio, que es lo que le resta de legislatura del Ejecutivo de coalición, a pesar de que tiene seis años para absorber todos los recursos. Los 68.000 millones de restantes, hasta los 140.000 millones a los que podría acceder España, serían vía créditos que habría que devolver.
Amén de su generoso cálculo de lo que la ayuda europea aportará anualmente al PIB, 2,5 puntos más al año (el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisó el martes de que si no se hace un uso eficiente de los fondos el efecto podría reducirse a décimas), el resultado en términos de creación de empleo es del todo insuficiente para recuperar los 1,7 millones de puestos de trabajo que se destruirán este año según los propios cálculos del Ejecutivo. Es decir, en el próximo trienio se generará menos de la mitad de empleos que los destruidos de un plumazo por el Covid en menos de un año.
El 70% de los fondos que el Ejecutivo invertirá entre 2021 y 2023 se concentrará en dos áreas que el Gobierno, en un claro guiño a la UE, considera prioritarias: la inversión verde para espolear la transición ecológica, que consumirá el 37% del total, y la digitalización, que absorberá el 33%. Esto es, entre ambas acapararán 50.400 millones y representan dos de los cuatro grandes ejes del plan de recuperación. Los otros dos son la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Esos pilares se despliegan a su vez en torno a una decena de “políticas tractoras” (ver información adjunta), cuya guinda es una reforma fiscal sobre la que Sánchez insistió en su propósito de hacer converger la presión fiscal en España con el promedio de la UE, 7 puntos más alta. Para ello, se crearán impuestos verdes y se creará un comité de expertos para diseñar la reforma.
En el marco de su objetivo de concentrar la movilización de recursos en los primeros tres años para “acelerar la reactivación de la economía” y la modernización de España, el jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno adelantará en los Presupuestos 27.000 millones del Plan de Recuperación. Aunque la Comisión Europea dejó claro días atrás que las ayudas comunitarias no tienen por qué estar vinculadas a las cuentas públicas (lo que demanda son reformas estructurales, de las que Sánchez dio ayer muy pocas pistas), el Ejecutivo ha optado por fusionar ambas, lo que eleva la presión sobre las fuerzas de la oposición para que respalden unos Presupuestos que, según el presidente, “España necesita perentoriamente” y que “son los presupuestos que demanda un país que debe reponerse de un gran golpe, pero que también tiene que ganar su futuro”. Y al tiempo que supeditaba presupuestos y ayudas, el jefe del Ejecutivo hacía un nuevo llamamiento al consenso porque nunca “nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación y la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias”.
Sánchez confirmó ayer lo que se apresuró a anunciar el mismo día (21 de julio) en que la UE selló su histórico acuerdo para resurgir de las cenizas del Covid: que él personalmente pilotará la asignación de los fondos a través de una comisión interministerial de la que formarán parte todos los ministros involucrados en el plan.
Además, se creará una unidad de seguimiento “para la correcta ejecución” de los recursos y se reactivará la Conferencia Sector de Fondos Europeos con las CCAA para hacerlas partícipes del proceso en aras de la proclamada cogobernanza que Sánchez defiende con especial ahínco desde el inicio del nuevo curso.