La dirección de Banco Sabadell acepta prejubilaciones a partir de los 56 años, en lugar de los 57 años planteados en su primera reunión con los sindicatos, en el marco del proceso de ajuste sobre un máximo de 1.800 empleados.
Ayer tuvo lugar la segunda reunión de la mesa de negociación en la que los sindicatos trasladaron a la entidad financiera su contrapropuesta, de la que algunos elementos han sido aceptados por el banco. En la anterior reunión, la entidad planteó prejubilaciones desde los 57 años con el 70% del salario anual y la firma de un convenio especial, con un máximo de 250.000 euros por empleado.
La plantilla tiene una edad media superior a otros bancos, donde el porcentaje de empleados con más de 55 años es residual. El plan de ajuste de empleo, que no implica la presentación de un ERE, prevé la salida de un máximo de 1.800 trabajadores, el 11% de la plantilla. Sabadell pretende cubrir la mayor parte del ajuste mediante prejubilaciones. Y, el resto, a través de bajas incentivadas.
La dirección del banco aceptó también ayer que formen parte del proceso voluntario las personas en excedencia por cuidados de descendientes o familiares y el mantenimiento de las condiciones financieras de los empleados que se acojan al ajuste como si estuvieran trabajando en activo, ya sea en cuentas, tarjetas o préstamos en vigor, excepto los que están al 0%.
Asimismo, no realizará cambios con respecto a las aportaciones de cada persona en el Plan de Pensiones de Empleados de Banco Sabadell hasta la fecha de salida.
En el caso de las bajas incentivadas, se indemnizarán con 35 días por año, con un máximo de una anualidad. Las bajas están pensadas inicialmente para el personal administrativo de la red de oficinas.
Los sindicatos solicitaron ayer un aumento de la indemnización hasta los 40 días por año trabajado con un tope de dos anualidades, una propuesta sobre la que la entidad no se ha manifestado. La próxima reunión está prevista para mañana.
El plan trata de dar respuesta al avance en la digitalización de los clientes, que se ha acelerado en los últimos meses por el Covid, y a la necesidad de recortar los costes operativos. De hecho, la entidad anunció el pasado verano que cerraría 230 oficinas en España al final de este ejercicio, un 64% más de lo previstas antes de la pandemia.