Aunque el Banco de España detecta “una cierta mejora” en las perspectivas a medio plazo, alerta de que la pandemia dejará daños persistentes en la actividad y el empleo fruto de los cambios en los procesos productivos y en los patrones de consumo provocados por la crisis. El supervisor advierte de que, pese al efecto balsámico de los ERTE y de los programas de ayuda a los autónomos, “existirán puestos de trabajo que no superarán la crisis y que darán lugar a un cierto aumento del desempleo de larga duración”. De hecho, pronostica que la tasa de paro fluctuará entre el 17,1% y el 20,5% en 2021, con un escenario base por encima del 18%, frente al 15,8% esperado para 2020. En este contexto, Pablo Hernández de Cos instó ayer al Gobierno a facilitar los ajustes de plantilla. “Hay que reconocer que hay cambios estructurales en la demanda de productos y sectores en los que en algunos casos es contraproducente recurrir a los ERTE, y algunas empresas van a necesitar ajustar parcial o totalmente y hay que permitirles que se produzca este ajuste con los mecanismos de la legislación laboral”, afirmó.
Y es que el tsunami del coronavirus amenaza con diezmar el tejido empresarial, hasta el punto de que el Banco de España advierte de que la capacidad productiva de la economía se verá mermada por la previsible quiebra de muchas empresas que no lograrán sobrevivir a la crisis. El propio supervisor estimó recientemente que alrededor del 20% de las compañías españolas cerrará 2020 en situación de insolvencia, de las que la mitad serán inviables. Todo ello en un contexto en el que, en el escenario más plausible, la economía no recuperaría los niveles de PIB previos a la pandemia hasta mediados de 2023, mientras que en el contexto más adverso ni siquiera se produciría ese año.
Ante la debilidad de la economía y los enormes retos que tiene por delante, Hernández de Cos volvió a poner ayer el dedo en la llaga de las pensiones y los salarios públicos. Primero al insistir en que las subidas salariales deberían ser selectivas en lugar de generalizadas. Y segundo, al plantear que la actualización de pensiones y sueldos públicos se referencie a un periodo temporal “superior al anual” y no al IPC de un año, con lo que, a su juicio, se evitarían “incrementos o pérdidas de poder adquisitivo derivadas de errores en las previsiones de inflación”.
Sobre el déficit público, el supervisor prevé una reducción gradual de los desequilibrios desde el 10,5% que estima se alcanzará en 2020, aunque advierte de que en 2023 continuará todavía “en cotas muy elevadas”, con un desfase del 4,5% en 2023. La deuda pública será la otra gran losa que pesará sobre España en los próximos años, con niveles que oscilarán entre el 111% en el mejor de los casos (en 2022) y por encima del 128% en el peor (2023).